ANÁLISIS
| LA REVALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
La democracia de las corporaciones y la incineradora
La autora, urbanista, explica los intereses del lobby
de la venta de energía en la puesta en marcha del
proyecto de la incineradora de basuras para Gipuzkoa.
AMETS UGERRI
Martes 31 de julio de 2012.
Número 179
- ZABALGARBI. Imagen de esta incineradora en Bizakia. (Foto: Jesús Villaseca)
El papel del sector público
en materia de toma de decisiones
políticas se ha
orientado hacia nuevas
formas de “gobernabilidad más allá
del Estado”. La lógica de este modelo
se basa en la actuación del poder
público como agente definidor de
estrategias, objetivos y actuaciones
urbanísticas y el sector empresarial
como contribuyente del capital inversor.
Así se va estableciendo lo
que desde Análisis de Regímenes
Urbanos (URA) se llama “formación
de preferencias”. La existencia
de unos agentes –principalmente
vinculados a diferentes sectores
económicos– y recursos determinados
–capital inversor, experiencia
previa en determinado tipo de estrategias
de desarrollo– favorece la
decisión de orientarse hacia objetivos
concretos. En este contexto,
desde las esferas de decisión, la colaboración
público-privada está
más “engrasada” y reporta mutuas
satisfacciones y compensaciones,
conformándose de esta manera un
“poder sistémico”. En cambio, este
poder llega al convencimiento de
que la participación pública no sólo
no es positiva para el desarrollo,
sino que entorpece la eficacia a la
que ha llegado la colaboración público-
privada. Se afirma que la concertación
y la construcción de consensos
con los colectivos y agentes
sociales tienen más “costes de
oportunidad” para los gobiernos
institucionales. Así, la participación
ciudadana y las propuestas de grupos
de la sociedad civil se enmarcan
en el ámbito de lo “no factible”.
Un ejemplo de este modelo de
gobernanza institucional se está
dando en la esfera de la gestión de
servicios y recursos públicos básicos:
sanidad, gestión del agua, etc.
así como en la de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU). Por ley
(Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local) recae en los ayuntamientos
la competencia/responsabilidad de
la gestión de los RSU, que engloba
tanto la recogida como el tratamiento
posterior. La reciente Ley
de Residuos (Ley 22/2011) en su artículo
12, relativo a la distribución
de competencias en esta materia,
dice que corresponde a las entidades
locales la recogida, transporte
y tratamiento de los RSU. De ese
texto se deduce que el modelo será
en primer término descentralizado,
desde cada ayuntamiento, y que en
su caso podrán adoptar formas
consorciadas de gestión común,
pero siempre desde el ámbito de
decisión de la autonomía local.
Entonces, ¿cómo es posible que
se plantee una solución centralizada
como es una incineradora
para toda Gipuzkoa como se hizo
desde la Diputación Foral en la legislatura
anterior?
Esta planta se dedica a la “valorización
energética” de la basura.
Esto significa que por un lado factura
a los ayuntamientos por “tratar
su basura” a precios que se
aprueban en el Consejo de Administración
de Zabalgarbi, y por
otro lado, y en aplicación del RD
661/2007 que regula la actividad
de producción de energía eléctrica
en régimen especial, como productora
de “energía renovable” es
beneficiaria de una serie de primas
e incentivos, además de subvenciones
directas y bonificaciones
fiscales.
El antecedente de esta planta, la
bizkaína Zabalgarbi, llegó a facturar
68 millones de euros en 2011,
con un beneficio neto declarado de
tres millones. Así, la incineradora es
un negocio doble y, tras la valorización
energética, que consiste en una
combustión asistida mediante inyección
de gas, como una planta de
ciclo combinado, se generan hasta
682 Gw/hora, el equivalente al consumo
doméstico del 30% de los hogares
de Bizkaia, según datos de la
Diputación Foral de Bizakia.
Pero esta producción no se distribuye
entre esos hogares, sino que
se vende a las compañías distribuidoras
por todos conocidas y su tarifación engrosa
las cuentas de Zabalgarbi
y la de sus socios (60% capital
privado). O sea, tú ciudadano pagas
para que “traten” tu basura, y eso
que a ti te cobran como residuo, en
la planta incineradora se convierte
en materia de combustión para producir
energía que se vierte a la red
general y que acabas pagando en tu
factura a la compañía eléctrica, y
además, al ser de régimen especial,
pasa a engrosar el denominado déficit
tarifario.
Exportadora de energía
Euskadi es un territorio importador
de energía bruta y exportador de
energía procesada, a través de la refinería
de Petronor en Somorrostro
y la enorme potencia instalada de
plantas de producción de “ciclo
combinado” de combustión de gas:
Bahía de Bizkaia-Zierbana (Iberdrola-
EVE-Repsol-BP) y Boroa-
Amorebieta (Sener-General Electric-
ACS). La “industria energética”
en Euskadi destina un excedente
para la exportación del 65,6% de la
producción total, con una facturación
de 15.000 millones. Esto supone
un balance de huella ecológica
entre facturación económica/contaminantes
atmosféricos de 25.500 toneladas
de CO2 excedentarias.
En conclusión: el lobby energético
en Euskadi, aparte de la política
energética, también lidera la política
de gestión de residuos, tanto
RSU como industriales, hacia su
“valorización” energética, dando un
vuelco a la jerarquía de prioridades
marcadas por la normativa tanto europea
como interna (reducción-reutilización-
reciclaje-revalorización,
por ese orden), generando un gran
negocio de servicio (recogida y tratamiento
de residuos) y energético
(producción de energía eléctrica
mediante combustión).
Como resultado, el lobby energético
(15.000 millones de euros
de facturación anual) presiona a
los partidos políticos para que la
política sobre residuos se encamine
hacia la incineración, éstos
se justifican en los beneficios de
autoabastecimiento energético
que conllevaría ese método, pero
que en Euskadi no deberían tener
eco mediático, puesto que, en primer
lugar, la dependencia energética
principalmente es de hidrocarburos
para el consumo del
sector industrial (45%) y de transporte
(33%), y no tanto de consumo
eléctrico, que representa el
21% del total, y en que las renovables,
a pesar de que la solar
está muy poco desarrollada en
comparación con Alemania, por
ejemplo, ya abastecen una tercera
parte del consumo.
JUEZ Y PARTE EN POLÍTICA ENERGÉTICA
El Ente Vasco de la
Energía (EVE) es una
agencia pública
dependiente del
Gobierno Vasco que
actúa como facilitador
institucional y participa
en el accionariado
de las plantas de tratamiento
de residuos,
condicionando la política
pública en la
materia hacia esa
“solución”. El antecedente
de la estrategia
tomada para la incineradora
de Guipuzkoa
es un proceso muy
similar al que ya se
dio en Bizkaia en la
década anterior: la
incineradora Zabalgarbi.
La planta de incineración
de RSU de
Bizkaia se construyó
en 2001, en el término
municipal de Bilbao,
con un presupuesto
de 154
millones de euros.
Para acometer esta
infraestructura se
constituyó una sociedad
mercantil denominada
Zabalgarbi, que
en la actualidad cuenta
con los siguientes
socios: FCC (30%),
Sener (30%), Diputación
Foral de Bizkaia
(20%), Ente Vasco de
la Energia (10%), Kutxabank
(5%) y Mancomunidad
de la Margen
Izquierda (5%). En origen
el Ministerio de
Industria participaba
con el 10% de las
acciones, que en el
año 2008 fueron
adquiridas a partes
iguales por los socios
mayoritarios (FCC y
Sener).
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